El error del laicismo a la francesa

Hemos vivido en los últimos días cierta agitación en los medios de comunicación por el llamado burkini (comprometo mi firma desde ahora para que ni los llamados “inmortales” de la Académie française ni nuestros académicos de la RAE recojan tal término) y los avatares que sobre tal prenda de baño han ido sucediéndose, alentados por tertulianos de diversa condición y opinantes varios. Lo cierto es que este artículo no versará sobre tal controversia específicamente, pues ésta no es más que la expresión de un concepto (o problema) mucho más abstracto: cómo está configurada la laicidad en Francia.

Antes de nada, como en todo documento que pretende ser redactado con cierta corrección, hablo en el título de laicismo y no de laicidad. Como empieza a ser común en nuestros tiempos, uno no puede dar dos pasos en un sentido intelectual sin que le asalten infinitud de distinciones conceptuales con diferencias milimétricas que obstruyen de manera exasperante la expresión. En este caso, existe cierto debate sobre ambos términos, sobre si son sinónimos o sobre si entre ellos existe cierta diferencia (Peces-Barba así lo consideraba en su obra Laicidad y laicismo), viniendo a ser el laicismo la vertiente beligerante con toques anticlericales de la laicidad. La diferencia entre ambos términos también está recogida, si bien sutilmente y desde otra óptica, por nuestro Diccionario de la lengua española.

A pesar de no proceder, por lo escueto del formato, a entrar en tal debate, sí es necesario diferenciar dos conceptos, o un concepto y su perversión. El lector, por su parte, ha de sentirse libre de adoptar la denominación que más oportuna le parezca, pues mi aspiración es más bien nominalista: que, con independencia del término usado, el lector sepa qué se esconde tras el velo de la palabra, esto es, a qué realidad o institución me refiero independientemente de que considere acertado o no el término que use para designarla (no pretende ser éste, por tanto, un debate filológico). Es por ello que en este artículo escogeré indistintamente el término laicidad o laicismo, y para diferenciarlo del mismo, hablaré de la laicidad o del laicismo a la francesa.

Hecha la precisión y volviendo a lo que nos ocupa, se halla en un error que sería conveniente enmendar quien crea que el debate sobre las cuestiones religiosas en Francia procede de la masacre del Charlie Hebdo o de una prenda de baño, cuestiones que pueden haber dado pie al Sumisión de Houellebecq pero no a la historia de la laicidad francesa, construcción conceptual que, dicho sea de paso, se erigió frente al catolicismo ligado al Antiguo Régimen y no frente al islamismo, por aquel entonces desconocido, enfrentándose en tal debate -que dura hasta nuestros días- dos Francias, debate que aún reverdece en la actualidad cuando se tratan estos temas.

Lo cierto es que la laicidad en Francia no fue objeto de regulación normativa hasta la Ley de separación de la Iglesia y el Estado, de 1905, en tiempos de la III República, si bien el caldo de cultivo de tal reforma, como se ha anticipado, se sitúa más bien en la ruptura con el Antiguo Régimen y en el desarrollo de los principios del republicanismo.

Es preciso señalar que la mencionada Ley, así como la jurisprudencia que la desarrolló (especialmente la del Consejo de Estado y la del Consejo Constitucional), eran de corte liberal, esto es, establecían la laicidad como garantía de neutralidad por parte del Estado en materias religiosas, incluyendo la libertad de conciencia y culto.

Es, precisamente, esta neutralidad la que recogía el artículo primero de la Constitución francesa de 1946 (como curiosidad, a consecuencia de una enmienda del Partido Comunista[1]), configurando Francia como una “República indivisible, laica, democrática y social”, definición esta última que también se encuentra en el artículo primero de la actual Constitución francesa de 1958, si bien con una adición final.

Por el momento, la laicidad hasta aquí descrita, recogida en el bloque de constitucionalidad francés (integrado por la Constitución de 1958, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el preámbulo de la Constitución de 1946) la suscribimos con verdadera efusividad todos los demócratas sin mayor problema, pues la democracia es en definitiva el contexto de tolerancia en el que, estando normativamente regulado, organizamos nuestra convivencia social, y es evidente que en un contexto de pluralidad cultural, religiosa en el caso que nos atañe, el Estado no puede tomar partido por ninguna religión. Ahora bien, este principio, histórico en Francia, de la laicidad o laicismo, conceptos netamente liberales o interpretados en tal sentido hasta entonces, están mutando en su exégesis.

La laicidad es una obligación que asume el Estado de mantenerse neutral en los temas religiosos, y ha de ser un principio que conjugar con la libertad religiosa, complementándose ambas. Esa obligación del Estado que era la laicidad (esto es, la neutralidad o no-religiosidad del Estado, en definitiva) se ha trasladado, equivocadamente a juicio de quien suscribe estas líneas, a los ciudadanos franceses, pasando a ser éstos los que deben ser neutrales en aspectos religiosos (es decir, no-religiosos). ¿A qué me refiero con esto? A la nueva corriente hermenéutica de la antigua laicidad francesa que ahora lamentablemente impera y que entiende que la religión ha de quedar circunscrita al ámbito privado de la persona, pasando a prohibir cualquier expresión religiosa en el ámbito público (no a prohibir la expresión religiosa del Estado en el ámbito público, cuestión obvia de la que es baladí discutir, sino prohibiendo a los ciudadanos la expresión religiosa en la esfera pública).

De esta nueva corriente es buena expresión la Ley n° 2004-228, del 15 de marzo de 2004, que enmarca, en aplicación del principio de laicidad, la tenencia de símbolos o ropa que manifiesten una pertenencia religiosa en los colegios, escuelas y liceos públicos (que entró en vigor el 2 de septiembre de 2004), fruto del trabajo de la comisión Stasi (nada que ver con la policía alemana, sino con Bernard Stasi, su presidente), en la época de Chirac, también llamada por esa fábrica de bautizos seculares del periodismo la ley del velo, y que prohíbe, en el ámbito educativo, portar signos ostensibles de la pertenencia a una religión. Es también buena muestra de esta nueva corriente filosófica las ordenanzas aprobadas por algunos ayuntamientos del sur de Francia prohibiendo el burkini, cuestión sobre la que hace pocos días recayó, en un momento de ludicez en opinión de este autor, la resolución del Consejo de Estado, deshaciendo tal interdicción.

Además, se podría discutir si la legislación se refiere a todas las religiones (como formalmente hace) o en verdad, tras ese velo de generalidad, hace referencia a una sola (la islámica), pues si tras la generalidad (referida a la totalidad de religiones) resulta que sólo una religión constituye supuesto de hecho de la aplicación de la Ley (no por una aplicación discriminatoria de la Ley, sino porque la Ley plantea el supuesto falaz de que toda religión tiene prendas que permiten identificar a sus fieles, y podría darse el caso de que sólo la islámica sea la que prevea tales prendas), estaríamos ante un caso de ius singulare o Ley singular, esto es, de una norma de excepción, que atentaría contra el concepto de Derecho común que hace siglos adoptaron los Estados occidentales (un Derecho general aplicable a la generalidad), con el agravante de que la Ley vestiría un traje de generalidad, ocultando su verdadera naturaleza singular.

Así pues, ante nosotros tenemos dos conceptos. La laicidad como marco o continente (en la primera acepción del diccionario, esta es, que contiene) y lo que he llamado laicidad a la francesa, pero bien podría llamarse laicidad como contenido, pues si bien la primera acepción (la laicidad como continente) hace referencia a la obligación del Estado de no tomar partido por ninguna religión en concreto, tratar a todas igual y establecer un marco de libertad religiosa donde todas las expresiones religiosas (democráticas, cabría añadir) puedan manifestarse libremente, la segunda de las acepciones (laicidad como contenido) obliga al ciudadano a hacer suya la obligación de neutralidad del Estado. Ya no estaríamos ante un marco de libertad garantizado por el Estado en el que el ciudadano puede expresarse, sino que nos hallaríamos ante la obligación, por parte del ciudadano, de adoptar una filosofía, el laicismo, que le impediría expresarse religiosamente salvo en su domicilio (por el momento).

La diferencia entre laicidad y laicidad a la francesa (o llámeles el lector como prefiera) es, por utilizar una metáfora, la misma que se encuentra entre la circunferencia y el círculo, respectivamente. La primera es un marco cuyo interior vacío permite ser llenado con la expresión pluralista de las libertades individuales, incluida la religiosa. La segunda, el círculo, como figura plana que se extiende completamente en el interior de la circunferencia, constituye una figura ya completa, que no permite añadir nada pues su interior ya está completo, de tal forma que obliga al ciudadano a adoptar esa filosofía (ese contenido), esto es, la no-religiosidad en lo público. Y no se lleven a equívoco aquellos que puedan pensar que detrás de este nuevo laicismo a la francesa, de esta no-religiosidad pública ya no sólo por parte del Estado, sino también por parte de los ciudadanos, se encuentran los principios de un republicanismo y de un civismo modernos, de una construcción liberal plenamente abstracta y extraña a la pluriculturalidad, pues la experiencia ya nos ha demostrado que detrás de la construcción liberal de lo cívico no se encuentra la imagen de un ciudadano sin rostro, sin nombre, sin raza, religión u opiniones, sino que lo que uno encuentra en esa abstracción liberal son los rasgos, la raza y la religión de la cultura dominante.

Hemos llegado al punto de que el principio republicano o democrático que permitía la convivencia de la pluralidad religiosa en la sociedad, esto es, la laicidad, ahora lo han subvertido y enfrentado contra los ciudadanos, pasando de ser el sujeto obligado por la misma el Estado a serlo los propios ciudadanos. Es un error, pues lo que una democracia occidental debe establecer es un marco normativo que ampare las formas democráticas de expresión cultural.

Se puede entrar en el debate de si el burkini o el velo es una expresión religiosa que pueda pasar nuestro filtro democrático. En tal discusión será primordial fijar si la mujer es realmente libre para elegir, pues de nada sirve predicar la libertad a sujetos que, coaccionados por su hecho cultural, no puedan salir del mismo y ejercer la libertad que la democracia le brinda. Sin embargo, ante la imposibilidad de fijar tales términos en el debate abstracto que venimos desarrollando, debemos conformarnos, como casi siempre pasa, con la respuesta anti-ockhamiana: la respuesta difícil es, a menudo, la que debe adoptarse. Y es que habría que descender caso por caso a estudiar si cada mujer que lleva burkini, burka, niqab o hiyab es realmente libre en su decisión de portarlo, y no está condicionada por su hecho cultural (sabiendo, además, como sabemos, que salir plenamente del hecho cultural es imposible, o al menos, sumamente discutible). Por tanto, todo lo que una democracia occidental puede hacer es brindar a esa mujer otro hecho cultural al que poder saltar, es decir, garantizar a esa mujer un contexto de libertad en la que pueda decidir realmente. Pero esto no pasa jamás por prohibir toda expresión religiosa en el ámbito público.

Para quien escribe estas líneas es claro que ésa es la senda de la pluriculturalidad en Occidente. Lo inquietante es más bien la sempiterna pregunta acerca de si la sociedad está preparada para seguir el acelerado ritmo del progreso.

– Iñigo Bilbao Uriarte

Bibliografía:

VÁZQUEZ ALONSO, VÍCTOR J. Laicidad y Constitución. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2012.

RENAULT, ALAIN ET TOURAINE, ALAIN. Un débat sur la laïcité. Éditions Stock, 2005.

Recomendable:

Baubérot, J. Histoire de la laïcité française.

[1]VÁZQUEZ ALONSO, VÍCTOR J. Laicidad y Constitución. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2012. P. 232.

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