El Euskera en la administración: un toque de ambientador

Como los ambientadores eléctricos que anuncian en el reglamentario periodo de siesta —ese  que comprende desde las 15:00 hasta el momento en el que el vecino de arriba se dispone a reordenar los muebles de la casa—, existen polémicas que uno sabe que están ahí, pero únicamente se perciben cuando alguien, mediante el movimiento, acciona su mecanismo. Suele ocurrir en cada campaña electoral y con diversos temas. Esta campaña ha sido el turno del euskera en la Administración y, a riesgo de que el interés de este artículo pierda su vigencia el día 26 de este mes, voy a dar mi opinión.

En primer lugar, ateniéndonos a la legalidad vigente, dentro del bloque constitucional configurado por la propia Constitución Española y el Estatuto de Gernika, se detalla el estatus jurídico de ambas lenguas en el territorio autonómico, así como los derechos y deberes que de dicho estatus se derivan. Así pues, ya en el título preliminar de la Constitución se indica que el castellano (y no español, como defendía Unamuno) es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; para a la postre añadir que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

 De esta manera, ahondando en el marco legal vasco, el artículo 6º del Estatuto de Gernika (cabe recordar, aprobado mediante Ley Orgánica en Cortes Generales) fija que el euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y en consecuencia, que todos sus habitantes tendrán el derecho a conocerla y a usarla, al igual que el castellano. Añade además, dentro del mismo artículo, la imposibilidad por la cual nadie deba ser discriminado por razón de su lengua.

Probablemente sea en esto último, unido a lo antes señalado, donde resida el fundamento argumentativo de los partidarios de hacer una revisión a la baja de los perfiles lingüísticos de euskera dentro de los procesos de oferta de pública de empleo. Seguramente, por la desigualdad práctica, pero especialmente legal, dentro del ordenamiento jurídico. Me refiero legal, en tanto y cuanto, de acuerdo al articulado y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento[1].

En la parte contraria a dicha revisión a la baja, en la que me encuentro, impera la interpretación que cabe hacerse del artículo 6º del Estatuto, en lo referente a la no-discriminación por el uso de la lengua, pero desde un enfoque diferente: los derechos de los propios hablantes a relacionarse con la Administración en euskera. Este enfoque viene dado por la Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera, aquella que venía a desarrollar lo dispuesto en el Estatuto en materia lingüística[2].

 De esta forma, en el artículo 5º.2 a) se recoge el derecho a relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con la Administración y con cualquier Organismo o Entidad radicado en la Comunidad Autónoma.  Y es en este punto concreto donde termina por atascarse el debate. Termina por atascarse por varias razones: en primer lugar, porque así como la Ley indica que los poderes públicos adoptarán las medidas tendentes a la progresiva euskaldunización del personal afecto a la Administración Pública en Euskadi, bien sea determinando las plazas para las que sea preceptivo el conocimiento del euskera, o bien sea por la ponderación que se haga del nivel del euskera como mérito en los casos que no sea preceptivo; la decisión última recae sobre la propia Administración en función de los planes que realice. En segundo lugar, porque existe —según los detractores del actual sistema— la posibilidad de cumplir rigurosamente con el derecho a relacionarse con la Administración Pública en el idioma oficial que el ciudadano elija sin necesidad de exigir tales cotas de preceptividad en las ofertas públicas de empleo.

Pero, una vez llegados a este punto de atasco, quizá debiéramos hacernos un replanteamiento acerca del porqué de la preceptividad o de la ponderación como mérito cuando no la hubiere. Voy más allá: ¿debiera estar vinculada la preceptividad al limitado cumplimiento de los derechos de aquellos que quieren expresarse en una u otra lengua oficial, o debiera estar vinculada a la propia excelencia del personal? Me explico: de la misma forma que son preceptivos una serie de requisitos meramente formativos o físicos, ¿por qué no debiera serlo el conocimiento, ya sea en un nivel u otro, de una de las dos lenguas oficiales para acceder a la Administración?

Si, de esta forma, uno llega a la conclusión de que el conocimiento de un idioma de forma preceptiva, pese a que en el desempeño de sus funciones no tenga una relación directa con el ciudadano ajeno a la Administración (pero sí que pudiera tenerla en el futuro), es positiva y deseable, probablemente haya llegado a la misma conclusión que el Gobierno de España, cuando éste exige en varias ofertas públicas de empleo el conocimiento de una lengua extranjera  en forma de ejercicio eliminatorio. Con una diferencia: el inglés, el francés y el alemán son preceptivos sin ser lenguas oficiales del Estado ni de ninguna de las Comunidades Autónomas que lo integran.

Pero, como ya he dicho, no deja de ser un toque de ambientador.

[1]     SSTC 82/86 y 84/86

[2]     Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de normalización del uso del Euskera.

-Aitor De la Villa.

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