Que veinte años no es nada

Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra.

Después de leer —a ritmo de tango— la famosa canción de Gardel, uno cabe cuestionarse ese “nada”. Nada son veinte años. Veinte tacos, que diría aquel. Veinte años es una vida para el que escribe, una hipoteca para el que compra un piso, una boda —o dos, o ninguna— para una pareja; veinte años son veinte tartas, son amigos que salen y que entran, familiares que llegan y familiares que se van. Veinte años es un porrón, hablando en castellano. Pues imaginaos 34.

¿Y qué son 34 años para el que lleva una txapela roja calada? Pues oiga, muchas cosas. 34 años son los vestuarios sin acondicionar de Arkaute; 34 años son aquel “oiga, ahora nos toca a nosotros” a la Guardia Civil; son, por ejemplo, el sargento Díaz Arcocha formando filas. 34 años son “zipayos” en las paredes de toda la geografía vasca y son uniformes que se secaban dentro de casa —no fuera a darse cuenta el que pasea y mira tendederos, cómo el vecino de ese portal era un enemigo del Pueblo—. 34, se dice pronto. Treinta y cuatro. Despliegues en grandes ciudades, toma de relevo a toque de aurresku. Son un grupo de novatos velando por la seguridad en la llegada del Papa Juan Pablo II a la Basílica de Loyola. Es Joseba Goikoetxea, Montxo Doral, Ana Isabel Arostegui, Javier Mijangos o tantos otros, asesinados vilmente por el fascismo de ETA. Son 34 años de errores, de aciertos, de “tranquila, tu marido no te va a volver a hacer daño, estás segura”, de “si ve algo sospechoso, llame”, de quitarse el pasamontañas y decirle a ETA “aquí nos tenéis, no somos nosotros los que tenemos que ir con la cara tapada”.

34 años es una barbaridad (¡son casi cuarenta!). En casi cuarenta da tiempo a muchas cosas, también a la jubilación de uno. Y en esas estamos: aquellos que entraron, empiezan a extender la mano para dar el relevo y corre el riesgo de que no haya nadie para cogérselo.

La Ertzaintza, no olvidemos, es un cuerpo de policía integral, con todo lo que esto conlleva. Es la encargada de la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro de la Comunidad Autónoma, reservando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los servicios policiales de carácter supracomunitario y extracomunitario que detalla el propio Estatuto de Gernika en su decimoséptimo artículo. Cabe hacer una pausa aquí. Es en este mismo artículo donde se estipula que la correspondencia de la competencia de policía autonómica se hará mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución; lo que es lo mismo, el amparo y el respeto de los derechos históricos de los territorios forales. No cabe perder esto de vista.

Pero, para coordinar la Ertzaintza y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se crea en virtud del artículo 17, la Junta de Seguridad, la cual está formada en número igual por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma. Es ahí donde se determinará —según indica la disposición transitoria cuarta del mismo Estatuto— el Estatuto, Reglamento, dotaciones, composición numérica, estructura y reclutamiento. Hasta ahí, las dos partes de acuerdo. ¿A quién le compete convocarla? Al Ministro de Interior; ¿cuántas “txapelas” están acordadas? 8000.

¿Dónde está el problema? En la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Concretamente, en lo referente a la tasa de reposición. Pero, ¿qué es la tasa de reposición? Es el ratio que determina el número de efectivos que se pueden incorporar a la Administración en función de las bajas que se han producido en el año anterior.

Se crea el conflicto.

Gobierno Vasco lanza una oferta pública de empleo: la vigésimo quinta promoción de la Ertzaintza. Convoca 250 plazas. El Gobierno de España rápidamente recurre dicha OPE, alegando el fin de la actividad armada de ETA y la reducción de servicios de escolta. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco afirma que la convocatoria no se ajusta a dicha tasa de reposición (a la fijada en los Presupuestos Generales del Estado). El problema se enquista y es grave. La edad media de los ertzainas en activo es muy elevada; las jubilaciones previstas no podrían ser relevadas ni siquiera manteniendo un ritmo de 250 plazas por convocatoria anual; sólo en 2017 se darán 227 bajas, superando las 300 en 2018.

En suma: la elevada edad media, la bajada en la edad de jubilación de 65 a 60 años en 2009 y la paralización de promociones ponen en peligro el número de 8000 efectivos en activo. No debemos perder de vista qué suponen estos 8000 efectivos: la garantía de la seguridad del ciudadano. La tuya y la mía.

La vigesimo quinta promoción, terminada su formación en Arkaute, lanzada la txapela, siguió con sus prácticas en la calle y la Abogacía del Estado pidió que se ejecutara aquella sentencia que declaraba ilegal la OPE. El TSJPV se opuso. No, porque los perjuicios que pudiera ocasionar serían de difícil reparación hasta que no hubiera sentencia firme, quedando así el contencioso en manos del supremo, donde el Gobierno Vasco había recurrido en casación y, quedando en el aire el futuro de los 139 agentes que excedían los 111 que permitiría la Ley presupuestaria.

No acaba ahí. Mientras la vigésimo quinta promoción culmina las prácticas en un clima de cierta inseguridad jurídica, el Gobierno Vasco convoca la vigésimo sexta promoción. 250 plazas más —necesarias, como se ha indicado anteriormente— para el mantenimiento de los 8000 efectivos acordados en la Junta de Seguridad. El Gobierno, la recurre; y ya son dos las promociones afectadas.

El problema es meramente jurídico, no económico: las plazas están presupuestadas. Es, la Ley de Presupuestos (no está de más recordar que la financiación de la Ertzaintza corre a cuenta de lo recogido por las arcas forales) frente a lo acordado en la Junta de Seguridad. En última instancia, es la Ley de Presupuestos contra la garantía de cumplimiento de las competencias que tiene la Ertzaintza en Euskadi. Es poner sobre los hombros de unos hipotéticos 6000 agentes, la carga de 8000. Es la imposibilidad de cumplir y la necesidad de recentralización.

Es decir no a la proposición no de Ley acordada por todos los grupos políticos del Parlamento Vasco —sí, incluso aquel que desde el Gobierno central recurre las OPEs— que pedía garantizar esos 8000 efectivos.

Pero, ni veinte años no son nada, ni treinta y cuatro tampoco… ni mucho menos, dos promociones.

-Aitor De la Villa

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