Que se me disculpe.

Por Iñigo Bilbao.

Francis Bacon dijo que la verdad surge más fácilmente del error que de la confusión. Es precisamente esta máxima la que inspira el presente artículo, teniendo quien escribe estas palabras la firme intención de equivocarse, con el propósito de generar debate.

Hablaremos, como no puede ser de otra manera, del derecho a decidir, que tan en boga está de tanto en tanto. Mi intención es desgranarlo, proceder con pulso cirujano para vislumbrar qué es el llamado derecho a decidir.

Antes de nada, decir que tal institución de nuevo cuño puede ser estudiada desde distintas ópticas. Sin ánimo exhaustivo: (i) desde el sujeto llamado a ejercerlo (la nación); (ii) desde el procedimiento para ejercerlo; (iii) desde la perspectiva histórica o comparada; (iv) desde la perspectiva sociológica; (v) desde la económica; y, finalmente, (vi) desde su realidad material (la pregunta acerca del qué es). Este artículo versará especialmente sobre esta última perspectiva.

Cuando hablamos de derecho a decidir, conviene matizar que dentro del mismo convergen una realidad fáctica (hoy en día dentro de nuestro ordenamiento nosotros ya decidimos) y un desiderátum (nos gustaría ampliar nuestro poder decisorio sobre una materia concreta).

Por tanto, cuando se utiliza el derecho a decidir el ciudadano que pronuncia tal expresión está pensando en esa segunda parte, de lege ferenda[1], es decir, de aumentar el campo decisorio del ciudadano.

Ahora bien, dentro de ese desiderátum, también habría que diferenciar el sobre qué queremos decidir, esto es, a qué ámbito excluido actualmente del campo decisorio del ciudadano queremos extender la potestad decisoria. Aquí es conveniente abrir una bifurcación:

(a) O bien lo que pretendemos mediante el derecho a decidir es expresar nuestro deseo de aumentar el espectro de los derechos fundamentales y/o libertades públicas de los ciudadanos (o de determinados ciudadanos) pero dentro del actual marco normativo (si no legal, sí constitucional). Ejemplo de ello puede ser la aprobación de leyes autonómicas que regulan o amplían las iniciativas legislativas populares, o la creación de nuevos instrumentos de participación política dentro de los límites ya referidos, etc;

(b) O bien lo que perseguimos con el derecho a decidir no es decidir sobre una cuestión que, no atentando contra el marco normativo, no está regulada y deseamos que lo esté (punto a), sino que pretendemos decidir sobre un objeto sobre el que actualmente no podemos decidir, no porque no haya soporte normativo para hacerlo sino porque el marco normativo lo excluye o lo prohíbe[2].

Lo cierto es que tras los pingües éxitos que a la dialéctica nacionalista ha brindado la llamada autodeterminación de los pueblos (dirigida desde el ámbito internacional a supuestos muy restringidos), el derecho a decidir surge como nuevo parámetro sobre el que hacer orbitar cuestiones tales como soberanía, autonomía, independencia, naciones o pueblos, etc. Es, por tanto, que en opinión de quien suscribe estas líneas, el llamado derecho a decidir no versa tanto sobre el primero de los puntos (el a), sino más bien sobre el segundo (el b). Se ha convertido, por tanto, en el nuevo instrumento para dar solución al dilema de las naciones sin Estado.

Sea como fuere, considero errónea la expresión popular que aquí se viene marcando en cursiva. En primer lugar, porque atenta contra las clasificaciones clásicas del Derecho (véase como Ferrajoli entiende que el “derecho a” es un derecho social -p.e. derecho a la prestación por desempleo-, clasificación en la que no puede insertarse el derecho a decidir). En segundo lugar, porque dentro de la expresión derecho a decidir habría que diferenciar, desde el plano formal:

(a’) El derecho a decidir como derecho a un proceso decisorio. Es decir, llamamiento a los poderes públicos para que establezcan un proceso de consulta o participación mediante el cual el sujeto político llamado a ejercer el referido derecho lo pueda hacer (decidiendo sobre un ámbito material comprendido en las letras “a” o “b” anteriormente descritas. Esencialmente la última). Derecho a decidir, por tanto, como derecho a emitir una decisión; y

(b’) El derecho a decidir como derecho a que se adopte la decisión emitida. Mientras que el anterior derecho a decidir como proceso es un derecho formal (derecho a emitir una decisión) esta segunda modalidad se configura como un derecho material (derecho a que sea cual fuere la decisión que emita el sujeto llamado a decidir, se adopte por los poderes públicos).

imagen-sin-tituloA pesar de lo que la ciudadanía pueda considerar, es sumamente discutible la posibilidad de estar en el segundo de los puntos, ya que el derecho a decidir como derecho a que se adopte la decisión emitida supone, además de convertir en legislador directo a la totalidad del sujeto llamado a decidir, dar de forma a priori al sujeto llamado a decidir una facultad que es extraña en democracia: pasar del dicho al hecho sin control alguno. Sin tener que pasar por los trámites, consultas, informes, dimes y diretes, en definitiva, por los que tiene que pasar el legislador ordinario. Además, claro está, de la facultad jurisdiccional de control a posteriori (después de la adopción de la medida) que seguiría existiendo. Por tanto, nadie puede asegurar en democracia que un “dicho” (una propuesta) vaya a convertirse en “hecho” (en realidad) sin modificaciones o enmiendas, e incluso tampoco se puede asegurar que esa propuesta primigenia, ya enmendada, vaya a gozar de operatividad práctica (ya que posteriormente habría que contar con la función de jueces y tribunales).

Es más, la propia idea del derecho a decidir en un sentido absoluto (en el sentido b’) es no sólo extraña sino también contraria a la democracia, por cuanto que todo derecho en democracia es tal porque está limitado. No existen derechos absolutos en democracia (hasta los fundamentales conocen de límites). Por tanto, para configurar un derecho a decidir democrático, habría que establecer cuáles son sus límites. Y he aquí la ironía: preguntar a quienes defienden el derecho a decidir como la suma expresión de la voluntad ciudadana, como el mecanismo de liberación ciudadano o nacional, por cuáles son sus límites.

Por tanto, el derecho a decidir parece albergar un mejor futuro insertándose en el primero de los referidos puntos (el a’) y no guardar una ambición más propia del segundo (el b’). Configurando así el derecho a decidir (esto es, como derecho a un proceso decisorio, derecho cuyo objeto es más bien un proceso y no a lo que el mismo conduzca -la decisión-), es inevitable preguntarse por la frustración.

El problema de la frustración es, en política, una cuestión de primer orden. Es inevitable pensar que, si al ciudadano se le concede el derecho a expresarse en ese proceso decisorio, en caso de que su decisión no se adopte, le generará frustración. Ello no sería distinto de estar en el punto b’ en vez de en el a’, pues la frustración seguiría existiendo. Es por ello por lo que el derecho a decidir a lo primero que invita es a la pedagogía, previa reflexión de qué hemos hecho mal para que el ciudadano sienta que su voz no se tiene en cuenta y deba inventarse una categoría como el derecho a decidir.

Por tanto, según las clasificaciones ya referidas en las letras a, a’, b y b’, obtenemos los siguientes conceptos:

1) Derecho a decidir como realidad fáctica actual que nos permite una esfera decisoria con la que estamos insatisfechos;

2) Desde la perspectiva material:

2.1. Derecho a decidir como el aumento de la esfera decisoria dentro del marco normativo. Es decir, la ampliación de las posibilidades decisorias del individuo en el campo praeter legem, pero sin adentrarnos en la esfera de lo contra legem. Es decir, aumentar la esfera de decisión del individuo a aquellos ámbitos que no cuentan con un sistema de participación ciudadana actualmente, pero que la misma no está prohibida, pudiendo legislarse sobre ella.

2.2. Derecho a decidir como el aumento de la esfera decisoria del individuo a aquellas cuestiones que actualmente tiene vetadas, no porque como antes no exista norma que lo regule, sino porque la normativa que existe lo impide. Como matiz, decir que aquí sólo contemplamos el cambio normativo por vía normativa para abrir hueco a esta modalidad de derecho a decidir (es decir, cambiar la norma para poder decidir sobre una cuestión que antes era anti-normativa).

 3) Desde la perspectiva formal:

 3.1. Derecho a decidir como derecho a un proceso decisorio.

3.2. Derecho a decidir como derecho a que la decisión emitida se adopte.

Hecho este estudio del qué es el derecho a decidir, habría que establecer el quién. Antes hemos señalado que la respuesta a esta pregunta es clara: la nación. Hay, sin embargo, mucho que aclarar.

¿Cuántos sujetos pueden existir para ejercer el llamado derecho a decidir? Pues depende de qué se entienda por este último, y la naturaleza que se entienda que reviste.

Si estamos hablando del derecho a decidir del primero de los puntos anteriormente señalados, el sujeto llamado a pronunciarse será el que normativamente esté designado para hacerlo, al referirse tal derecho a una situación fáctico-jurídica ya preestablecida. En el mismo sentido habría que entender al sujeto llamado a ejercer el derecho a decidir del apartado 2.1. Así mismo habría que concluir también si las modalidades formales del derecho a decidir contempladas en los puntos 3.1 y 3.2 versaran sobre el ámbito material del apartado 2.1.

Por el contrario, ¿quién es el sujeto llamado a ejercer el derecho a decidir en el sentido del punto 2.2? Y es en este punto en el que habría que sintetizar los ríos de tinta que sobre soberanías, naciones y legitimidades han corrido, para llegar a la mismísima aporía de la democracia.

Demos por bueno que la construcción de los Estados fue el fruto decisorio de las naciones que subyacían bajo los mismos, y demos por bueno que existen naciones sin Estado que no se pronunciaron sobre la construcción de los referidos Estados, o no les dejaron pronunciarse, o se pronunciaron en un sentido contrario a la misma (o a favor y han ido, históricamente, cambiando de parecer). Dando todo eso por bueno, como digo, y concluyendo que el sujeto político que debe ejercer ese derecho a decidir sea la nación, se plantea el problema de su concreción. Y no es un problema menor.

La teoría nacionalista aún no está lo suficientemente madura (y mira que han pasado siglos) para contestar a la siguiente pregunta: ¿quién, qué individuo concreto, forma parte de la nación? ¿A quiénes entendemos incluidos cuando hablamos de nación? ¿Qué individuos ocultos tras el velo de ese concepto que es la nación están llamados a ejercer el derecho a decidir del punto 2.2?

Si, para contestar a esa pregunta, utilizamos criterios objetivos como la raza, estaremos llevando a cabo una discriminación inenarrable, e imposible de realizar hoy día. Si, por el contrario, establecemos criterios subjetivos, habría que diferenciar aquellos criterios como la moral o la religión (nos arrojaría a la misma imposibilidad práctica que los criterios objetivos) del sentimiento de pertenencia, último asidero al que hoy se agarran muchos, pero de límites tan difusos como los del término nación. Además, habría que preguntarse no ya por el sentimiento de pertenencia (yo me siento parte de) sino por el de identidad (yo siento como mis congéneres a aquellos que también se sienten pertenecientes a la nación), siendo este último un salto con pértiga muy discutible a nivel sociológico.

Por tanto, y a modo de conclusión de este artículo, que no es sino una recopilación de reflexiones varias, espero equivocarme, como decía al principio. Espero errar, no porque tenga el afán de convertirme en una voz discordante o porque me guste vivir en el error, sino porque espero que otras personas con ópticas distintas me ayuden a vislumbrar cada vez más y de mejor forma la verdad que se esconde tras los conceptos estudiados.

El guante está lanzado, falta quien lo recoja.

[1] Ley que aún no ha sido establecida como tal, pero lo va a ser o existe un deseo porque lo sea.

[2] No es una cuestión praeter legem sino contra legem.

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