Quod nullum est nullum effectum producit.

Por Adriana Martin.

Últimamente no es infrecuente escuchar o leer múltiples noticias sobre las conocidas cláusulas suelo. A modo de introducción y para aquellas personas no familiarizadas con los términos del derecho bancario,intentaré dar una breve definición de este concepto para, a continuación, pasar a explicar todo el iter procedimental y judicial que ha acontecido.

En pocas palabras, este tipo de cláusulas establece un límite a la variación del tipo de interés a la baja en el contrato de tu préstamo hipotecario. Es una pequeña cláusula inserta en la maraña de estos acuerdos que generalmente suele pasar desapercibida para el lego en derecho y hasta para quien, siendo profesional del mismo, no es experto en este ámbito. Generalmente, el límite de referencia que se toma para calcular los intereses de un préstamo hipotecario suele ser el Euribor más un diferencial, aunque existan otros. El Euribor fluctúa y con ello se altera el tipo de interés que se aplica en los contratos a interés variable.

Pues, como ya dicho, esta cláusula lo que hace es eliminar la bajada de intereses por debajo de ese suelo que el banco establece, de tal modo que cuando el Euribor está muy por debajo del suelo establecido por el banco, el interés que el consumidor paga se queda fijado en ese suelo y no desciende. Así, se transforma un préstamo a interés variable prácticamente en un préstamo a interés fijo y esa no fue la voluntad con la que se firmó ese contrato por parte del consumidor.

 No era en su momento una cláusula sobre la que se centrara la negociación de las condiciones de la hipoteca, pero era de una importancia esencial puesto que, como ha demostrado la práctica, ha afectado directamente a miles de consumidores en España.

Además, es importante mencionar que, a modo de contrapartida, los bancos solían establecer a la vez que esta “cláusula suelo”, una limitación del interés por arriba llamada “cláusula techo”. Consiste en la formula a la inversa.Pero realmente las entidades bancarias, que conocen las tendencias del mercado a largo plazo, sabían perfectamente que ese techo no se iba a aplicar o que, en definitiva, a pesar de parecer que era una cláusula hecha en beneficio o protección del cliente, su utilidad práctica no existía. Lo que sí que existe es una gran desproporción entre las prestaciones de las partes.

Cuando el Euribor empezó a tener una tendencia bajista imparable y los consumidores se percataron de que en sus contratos el interés que estaban pagando se había quedado estacionado en una cantidad fija, fue el momento del inicio de multitud de demandas para intentar declarar la nulidad de unas cláusulas que entendían abusivas.Además, la mayoría de la gente incluso desconocía que existieran.

Y así llegamos al año 2013 en el que nuestro Tribunal Supremo se pronunció sobre este tema.  A modo de resumen, ¿Qué dijo al respecto?

La Sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo, de 9 de mayo resolvió una reclamación colectiva de consumidores frente a unos determinados bancos. Como ya sabemos, el Tribunal Supremo se encuentra en la cúspide del poder judicial en España y, en esta sentencia, resolvió en base a una serie de criterios que pasaré a exponer a continuación.

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Según explicó, las cláusulas suelo de por sí son lícitas. Sin embargo, se pueden considerar abusivas ante la falta de transparencia que deriva de una insuficiencia de información al consumidor. Siendo breves, lo que dijo fue que declaraba la nulidad de las cláusulas suelo de ese litigio pero que esa declaración de nulidad no tendría efectos retroactivos.

Y nos podemos preguntar… ¿Desde cuándo la nulidad en nuestro derecho civil no tiene efectos retroactivos?

Pues desde nunca. Como bien dijo el propio Tribunal Supremo en esa sentencia, cito textualmente:“Como regla, nuestro sistema parte de que la ineficacia de los contratos -o de alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste-, exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de los mismos se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásicaquod nullum est nullum effectum producit (lo que es nulo no produce ningún efecto)-. Así lo dispone el artículo 1303 del Código Civil, a cuyo tenor, declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses.”

Sin embargo, a pesar de contemplar esta regla esencial de nuestro Código Civil y contra todo pronóstico, el Tribunal Supremo vino a dictaminar lo que se resume en la siguiente frase que cito a continuación: “Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas.”

En pocas palabras, la sentencia no dictaminó el efecto retroactivo porque podría provocar un “gran desequilibrio” en el orden público económico…

Me imagino a todos los profesionales que llevaron este tipo de casos intentando explicar a sus clientes que no podrían recuperar su dinero porque, a pesar de que declararan sus cláusulas como abusivas y por tanto nulas, resulta que el Tribunal Supremo dice que la nulidad ya no es tan nula como siempre. Era una sentencia de tendencia claramente política, inclinándose por proteger a los bancos y no a los consumidores que, realmente, eran los perjudicados en esta situación.

A partir de esta sentencia, los juzgados españoles siguieron mayoritariamente la línea dictada por el Supremo y, aprovechando la ocasión, los bancos firmaron con muchos clientes documentos privados, en los que dejaban de aplicar la cláusula a cambio de la renuncia a cualquier reclamación posterior de cantidades ya abonadas.

 La Sentencia del Supremo dio origen a tantas controversias que, varios juzgados se plantearon la idea de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para abreviar, el fondo de la cuestión consistía en preguntar si la limitación de la eficacia de la nulidad hecha por el Supremo era conforme al Derecho de la Unión o no. En concreto,se refirieron al artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. ¿Había obrado correctamente el Tribunal Supremo, si o no?

En resumen, la contestación de Europa corrigió la interpretación que hizo el Supremo.

La Directiva es una norma imperativa de la Unión Europea. No es opcional el cumplirla o no. Una Directiva, a pesar de poder estar transpuesta, sigue en vigor y por lo tanto sigue estableciendo un mandato para los Estados Miembros. Por estas razones, el Tribunal Supremo de Españahizo una interpretación no conforme con el espíritu y el objetivo que perseguía esa Directiva, que era la protección de los consumidores. Y la protección se da o no se da, pero no se puede dar a medias.

En definitiva, según dice la sentencia, el juez se tiene que limitar a determinar si las cláusulas frente a las que se encuentra reúnen los requisitos para declararlas abusivas o no. En caso afirmativo, las tendrá que declarar nulas. Y nulas es nulas. No tendrá que modificar ni aminorar esta nulidad. Se tendrá que restituir al consumidor todo lo indebidamente cobrado desde el momento de la firma del contrato.

¿Qué va a suceder ahora tras esta Sentencia?

Después de leerla detenidamente, surgen muchas dudas jurídicas. Creo sinceramente quelos más beneficiados por ella pueden ser aquellas personas que no ejercitaron ninguno de sus derechos ante los tribunales durante todos estos años. El motivo por el que digo esto es porque existen múltiples situaciones dispares que ahora deben ser arregladas. Desde aquellos que interpusieron demandas solicitando tan solo la nulidad de sus cláusulas, hasta aquellas personas que firmaron los contratos privados con las entidades bancarias en los que estipulaban que renunciaban a sus derechos a cambio de no seguirles aplicando la cláusula. Esta incertidumbre marcará que se vayan estudiando los casos uno a uno, pero, en todo caso,la banca no va a dar su brazo a torcer sin antes luchar sus posiciones.

Es preciso mencionar que el Gobierno ha aprobado a día 20 de enero de 2017, habiéndolo negociado en los últimos días entre algunas de las fuerzas políticas de nuestro país (PP, PSOE, C’s, PNV y Coalición Canaria), un Real Decreto-ley que trata este tema tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La intención de esta medida urgente parece ser “intentar” buscar un sistema negociado de arreglo extrajudicial entre el banco y el consumidor a fin de evitar el colapso de los juzgados con este tipo de demandas.  Se impone a los bancos entablar una negociación individualizada con todos los consumidores que tengan este tipo de cláusulas con un plazo de duración máximo de 3 meses. Es una opción para el consumidor, que puede optar por realizar o, en caso contrario, acudir directamente a los tribunales. He de decir que, desde mi punto de vista, esta medida no va a llegar a buen puerto. Como ya he dicho, seguramente, los bancos en muchos casosse mostrarán reacios a ofrecer de vuelta todo el pago o intentarán compensarlo con algún otro producto bancario. Lo que está claro es que ellos no nos van a ofrecer nada que les sea perjudicial ytratarán de minimizar sus pérdidas.Sé que se trata de una fórmula para intentar reducir los gastos que podrían ocasionar los tribunales y el tiempo de duración de los procesos, pero no me parece más que un sistema en el que posiblemente los consumidores no se vean plenamente resarcidos en sus derechos.

También conviene resaltar que el Consejo de Ministros, para tratar de evitar situaciones como éstas en el futuro, que han afectado a más de millón y medio de personas en nuestro país, ha acordado también que iniciara una reforma de la legislación hipotecaria con la finalidad de fomentar la transparencia en este tipo de contratos. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos…

Para concluir, me gustaría resaltar que la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo ha sido un duro golpe para el Tribunal Supremo. Lo que nos ha dicho es que la jurisprudencia nacional no se ajustaba al Derecho de la Unión y, dado que las respuestas a las cuestiones prejudiciales son vinculantes para todos los tribunales de los Estados miembros, España se tendrá que adaptar a ella y cumplirla.

Sin embargo, he de decir que la Directiva 93/13 no ha sido más que una excusa para que alguien le diga a nuestro máximo órgano jurisdiccional que estaba equivocado al moderar la retroactividad de la nulidad de las cláusulas. Suerte hemos tenido de contar con una institución como el Tribunal de Justicia de la Unión que obligue a nuestros tribunales a cambiar sus pronunciamientos. Porque, de no ser así, nos habríamos quedado con la Sentencia del Supremo y su defensa del orden económico.  Pero sin duda, lo que más grave y triste me parece de toda esta historia, es que la conducta del Tribunal Supremo no solo iba en contra del espíritu de aquella Directiva, sino de nuestro propio derecho español, de nuestra ley de protección a los consumidores y, sobre todo, del artículo 1303 del Código Civil que, aunque parezca que no, sigue siendode aplicación.

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______________________

  1. Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 (núm. 241/2013).
  2. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 21 de diciembre de 2016.
  3. Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
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1 Comment

  1. Muy bien expuesto, me parece un resumen perfecto para entender lo sucedido con la cláusula suelo. Y estoy totalmente de acuerdo con tu opinión. Los juristas, con nuestros conocimientos y las herramientas que nos da el sistema (en muchos casos, escasas y politizadas) debemos luchar con este tipo de abusos.

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