A vueltas con la sucesión a la Corona

Por Manuel Prieto Bóveda.

Hace pocos días se ha publicado la tan esperada como polémica sentencia del Caso Nóos, por la que se absuelve a la Infanta Cristina de los dos delitos fiscales de los que era acusada. Esto no ha hecho más que reabrir el debate en torno a su dignidad o aptitud para permanecer en la linea de sucesión al trono español, toda vez que crecen las voces que piden que la hermana del Rey renuncie o sea despojada de sus derechos sucesorios. El hecho es que la cuestión tiene bastante enjundia desde el punto de vista del Derecho Constitucional, algo que parece haber confundido a ciertos periodistas y politólogos, como se ha podido leer estos días en algún conocido diario.

La problemática constitucional relacionada con la línea de sucesión a la Corona española se centra en dos asuntos fundamentales. Primero: ¿excluiría una eventual renuncia de la Infanta Cristina a sus derechos también a sus descendientes? Y segundo: ¿cabría apartarla forzosamente de la sucesión a la Corona? Así mismo, también es importante aclarar una tercera cuestión, relacionada con la forma de acceder al trono en nuestro país. Ello, para disipar cualquier posible malentendido si la Infanta se viera llamada, fruto de la fatalidad del destino, a asumir la jefatura del Estado. A continuación, intentaré dar respuesta a estos tres interrogantes.

La Corona está regulada actualmente en el Título II de la Constitución Española, que sienta su marco fundamental. Y, más concretamente, la sucesión a la Corona se halla en el artículo 57. Este artículo sienta en su apartado uno una regla general para establecer cómo ha de atribuirse el ascenso al trono, y está basado en el orden hereditario tradicional de las Siete Partidas de Alfonso X (un conjunto de Leyes del Siglo XIII adoptadas en la Corona de Castilla). Este orden es el que introdujo la discriminación de la mujer respecto al varón en el mismo grado (esto es, entre hermanos), que tanta polémica genera en la actualidad. De hecho, ya durante el primer gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero se planteó la reforma de este precepto constitucional, llegándose a elaborar en 2006 un informe por el Consejo de Estado al respecto.

Los sucesivos apartados proveen una regla específica, como el tratamiento institucional del heredero a la Corona (apartado dos) y tres especialidades para lidiar con posibles eventualidades en la sucesión (apartado tres). Así, las Cortes Generales proveerán la sucesión a la Corona en caso de que se extingan las líneas llamadas en Derecho. El apartado cuatro, por su parte, excluye de la sucesión, por sí y sus descendientes, a aquellos que contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey o de las Cortes Generales. Y en el aparto cinco dispone que se resolverán por una ley orgánica las abdicaciones y renuncias, así como aquellas dudas de hecho o de Derecho que se suscitaren a causa del régimen sucesorio anteriormente definido, sentando con ello una cláusula de cierre del sistema constitucional de sucesión a la Corona.

Es precisamente el apartado cinco el que encierra la clave para resolver dos de las tres cuestiones planteadas al comienzo de este artículo. Así, una eventual renuncia a los derechos sucesorios habría de sustanciarse necesariamente mediante la aprobación de una ley orgánica que recogiese su renuncia, de forma similar a lo que sucedió con la abdicación de su padre, el Rey Juan Carlos I. Este extremo parece incontestable a día de hoy por la doctrina, aunque es cierto que sigue habiendo quienes defienden que lo que debería haberse hecho era aprobar una ley orgánica que con carácter general regulase las abdicaciones, renuncias y dudas sucesorias.

Hecha esta aclaración, es momento de resolver si dicha renuncia perjudicaría a los cuatro hijos de la Infanta Cristina, que en la actualidad ocupan los puestos séptimo a décimo en la línea de sucesión. En primer lugar, cabe afirmar que la redacción del mencionado artículo 57.5 de la Constitución nos permite deducir que la opción más lógica sería que la propia ley orgánica de renuncia de la Infanta dispusiera la conservación de sus derechos por parte de sus hijos nacidos hasta la fecha, de forma que tal situación quedase explícitamente aclarada y se evitasen posibles dudas. Sin embargo, la situación se vuelve más compleja si la ley orgánica omitiese dicha cuestión, ya que la propia Constitución no contempla ninguna forma específica para dilucidarla.

En el caso de los hijos ya nacidos de la Infanta Cristina, una interpretación sistemática de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico nos llevaría a entender que la renuncia de su madre a sus derechos sucesorios no tendría por que afectarles a ellos. En este sentido, cabe destacar el principio de la personalidad de la renuncia a derechos, conforme al que nadie puede renunciar a los derechos de otro sin su consentimiento. Asimismo, tal interpretación sería conforme con el principio de igualdad del artículo 14, así como con la imposibilidad de privación de bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social del artículo 33.3, ambos de la Constitución. En todo caso, este razonamiento ha de tomarse no sin reparos, dado que la sucesión a la Corona no es un derecho propiamente dicho, sino una función de Estado. Por consiguiente, no es posible dar una respuesta del todo concluyente a este punto, dada la singular naturaleza de la sucesión a la Corona.

Respecto de cualquier otro hijo que pudiera la Infanta tener en un futuro, sí que parece claro que éste, si naciera o fuera adoptado después de la renuncia, no adquiriría ningún derecho sucesorio, ya que habría nacido de una persona excluida de la línea de sucesión que, por tanto, sería incapaz de transmitirle derecho alguno en este sentido.

Es momento ahora de resolver la segunda de las cuestiones planteadas: ¿cabría excluir forzosamente a la Infanta de la sucesión a la Corona si ésta decidiera no renunciar a sus derechos? Sobre este punto tampoco existe regulación constitucional expresa, lo que sin duda contrasta con los antecedentes de las constituciones españolas del siglo XIX en las que, invariablemente, y aunque con formulaciones diversas, se admitía la posibilidad de que las Cortes excluyeran de la sucesión a la Corona a aquéllos incapaces o que hubieren hecho cosa por la que merecieren perder su derecho a ella (ver artículo 181 de la Constitución de 1812, el 54 de las de 1837 y 1845, el 80 de la de 1869 y el 64 de la de 1876, además del artículo 58 de la non nata de 1856).

No obstante, de nuevo podemos encontrar una posible solución en el artículo 57.5 de la Constitución, que permite que las Cortes Generales resuelvan por ley orgánica cualquier duda de hecho o de Derecho que se suscite en relación a la sucesión a la Corona. En su virtud, cabría plantear la cuestión de si el haber sido la Infanta Cristina beneficiaria y responsable civil por delitos que han motivado la condena de su marido, es motivo de exclusión de la línea de sucesión al trono, lo que podría ser respondido afirmativamente por las Cortes Generales mediante la mencionada ley orgánica. En lo que respecta al eventual perjuicio de sus descendientes, también aquí podemos remitirnos a lo comentado anteriormente para el supuesto de renuncia voluntaria, haciendo hincapié en la conveniencia de que la ley orgánica de apartamiento reconociese la pervivencia en sus derechos sucesorios de los cuatro vástagos del matrimonio Urdangarin—Borbón.

Resueltas las dos cuestiones principales sobre las que trata este artículo, queda por recordar la naturaleza de la sucesión a la Corona española, que en virtud de lo dispuesto por el propio artículo 57 se da con carácter automático una vez tiene lugar el hecho que origina el llamamiento de un nuevo monarca. En la España actual, la Corona es ocupada automáticamente cuando fallece o abdica el anterior titular, sin que medien regencias ni interregnos de ninguna clase, y sin que las Cortes Generales tengan decisión alguna a este respecto. De hecho, el nuevo Rey ha de ser proclamado ante las Cortes, que no por ellas, lo que supone precisamente un automatismo en el acceso al trono.

Quiere esto decir que, en el hipotético caso de que la Infanta Cristina fuere llamada a asumir la Corona sin que hayan tenido lugar la renuncia o apartamiento que ya hemos visto, accedería a ella de forma automática e irremisible, salvando, claro está, la hipótesis de una reforma constitucional.

Fuentes:

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