El conciertillo y el cuponazo

Por Aitor de la Villa.

En política, y especialmente en materia de pactos, todo acuerdo tiende a ser una cosa y la contraria en función del párroco que lo predica. Dependiendo de ello, a los pactos se los suele calificar de excesivos en las pretensiones, tibios, unos regalos o bajadas de pantalones, directamente. Tampoco importa mucho qué se suscribe, sino quién lo suscribe… y qué supone para las partes el hecho de ver dos firmas tan juntas.

Tras la polémica vivida en los últimos días, hoy toca hablar del “conciertillo” o del “cuponazo”.

Pese a la amplitud material del acuerdo presupuestario alcanzado por el PP y el PNV, las miradas se han centrado en dos puntos concretos (que por su parte, ocupaban el orden de prelación en los documentos firmados por ambos partidos): el Concierto y el Tren de Alta Velocidad.

Respecto al primero, se firmaba la revisión de cupos líquidos y compensaciones financieras para los ejercicios 2007-2016, así como la determinación del cupo líquido provisional del 2017. Suele pasar que, al mencionar el Concierto, vuelve a abrirse un debate respecto al mismo, y que dura desde que aparece en portada de algún periódico hasta que se enciende una nueva polémica al de unos días, que relega a la anterior a un cómodo segundo plano. Suele encenderse una o dos veces al año y termina por apagarse una semana después, sin que dé tiempo a hacer análisis profundos sobre el tema.

Veamos, pues. ¿En qué consiste exactamente el Concierto económico?

Desde una perspectiva histórica, se trataba del sistema mediante el cual contribuían las provincias vascas a las finanzas del Reino de España tras la abolición foral. Sistema que se ha mantenido (a excepción de Gipuzkoa y Bizkaia durante la dictadura franquista, bajo la acusación de ser “provincias traidoras”) hasta la actualidad. Desde una perspectiva jurídica, es un sistema amparado por la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española, y reconocido en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía, que declara que “las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios”. Finalmente, el legislador optó por la denominación de Concierto, mientras que la figura del Convenio quedó circunscrita a Navarra, recogido a su vez en la Ley 28/1990 del 26 de diciembre.

Es necesario subrayar el aspecto foral del mismo para entender su mecánica. No es el Gobierno Vasco quien regula el régimen tributario, ni quien recauda, gestiona o liquida los impuestos. Las encargadas de la exacción, recaudación, gestión, liquidación e inspección de los impuestos son las tres Diputaciones Forales en sus respectivos Territorios Históricos. Es importante comprender el aspecto foral, no sólo para entender su mecánica, sino como base legal (la ya mencionada Disposición Adicional Primera ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, no los de la Comunidad Autónoma Vasca). No obstante, sería prudente recalcar que su amparo no es originario, sino que, “cuando nació la Constitución, el Concierto (a modo de microrrelato de Monterroso) ya estaba ahí”.

Este carácter foral también se aprecia en el carácter bilateral de las negociaciones entre las administraciones de los Territorios Históricos y el Gobierno Central.
En resumen: el régimen tributario se regula por las Instituciones competentes de cada Territorio Histórico, si bien es cierto que existen ciertas limitaciones (las normas de coordinación, armonización fiscal… etc.). En base a dicho régimen, se financian mediante la Hacienda Autónoma aquellas competencias que no presta el Estado, debiéndose pagar al Estado por aquellas que sí presta. Y esto, señoras y señores, es el cupo: la aportación económica de Euskadi al Estado por las cargas generales (entre las que se incluyen las aportaciones al Fondo de Compensación Interterritorial). El cupo se regula por ley y es en el cálculo donde —generalmente— se manifiestan mayores discrepancias.
Matizaremos en primer lugar que pese a todo lo anterior, el cupo será global (integrado por la suma de los cupos correspondientes de cada Territorio Histórico) y que para su señalamiento se constituye una Comisión Mixta. El señalamiento se realizará quinquenalmente, calculándose el cupo del año base y aplicando un índice de actualización para los restantes. Dicho índice contemplará el incremento de los ingresos por tributos concertados (no así los cedidos a las CCAA), fijados en los Capítulos I y II de los PGE. Eso sí (y aquí está uno de los orígenes de las discrepancias), en la determinación automática se exceptúan las variaciones en el cupo que se deriven de la asunción de nuevas competencias. Esto es, aquellas competencias que se asuman a lo largo del quinquenio para el que la cuantía del cupo ya ha sido fijada.

Recordemos que en 2011, en un momento de minoría parlamentaria de Zapatero se transfirieron las políticas activas de empleo; fue en 2011 además, cuando se agotaba la ley quinquenal, pero lo cierto es que desde entonces no se ha renovado y se ha ido prorrogando hasta el día de hoy. Por tanto, de aquel cálculo habría de descontarse la aquella cantidad adscrita o valorada a dicha competencia.

Explicado esto, llegamos a 2017. Se firma el acuerdo que supone la liquidación de los dos quinquenios prorrogados (2007-2011 y 2012-2016. Y, recordemos, entre medio se transfieren las políticas activas de empleo). El Gobierno de España termina reconociendo lo que hasta ahora Euskadi ha pagado de más: 1400 millones de euros. De estos 1400 millones, 152 atenderían a las antes mencionadas políticas activas de empleo. De esta manera, con el pago de los 1400 millones, se satisfaría en cierta medida los 1600 que valoraba el Gobierno Vasco y liquidaría una interminable prórroga, compensando por lo pagado de más hasta el momento de la firma.

Pero no sólo se lleva a cabo la liquidación… sino también la fijación de la metodología para el cálculo del Cupo. En los últimos presupuestos, la cantidad a pagar rondaba los 1500 millones de euros; en el borrador de los del 2017, la cifra se quedaba en 1200. Finalmente, la cifra ha terminado siendo de 956 millones, entre otras cosas, por la resta de los 344 millones de las políticas activas de empleo que, como hemos dicho, fue transferida en 2011.

Sin embargo, cuando termino de escribir estas líneas, veo que ya se evaporó la polémica. Por Cataluña, el caso Lezo o las primarias socialistas. Nadie sabe, pero parece que, una vez más, el tema ha quedado invernando hasta que vuelva a salir a la palestra, y todos tengamos la imperiosa necesidad de pronunciarnos y escuchar el “conciertillo” o comprar “el cuponazo”.

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