¡Váyase, sr…!

Por Íñigo Bilbao Uriarte.

Mañana, martes 13 de junio (vaya fecha más aciaga) se debatirá en el Congreso de los Diputados la moción de censura presentada por el grupo confederal de Unidos Podemos. Contaba con el apoyo de Compromís, hasta que este último partido solicitó al primero aplazarla hasta después del Congreso del PSOE del que Pedro Sánchez regresó como Lázaro de entre los muertos, cosa que la formación morada rechazó.

Es inevitable que el acercamiento a según qué instituciones jurídicas (como la moción de censura, que hoy nos ocupa) vaya a salto de mata, tras los pasos de la actualidad política, lo cual tiene sus aspectos negativos y positivos. Entre estos últimos, que nos da una excusa para hablar de derecho de vez en cuando.

Se suele señalar que la primera moción de censura tuvo lugar el 28 de enero de 1742, de la mano del Parlamento británico, el cual retiró su confianza al primer ministro Robert Walpole, dimitiendo éste el 11 de febrero. Desde entonces, Reino Unido ha presenciado un buen número de mociones de censura, la última de las cuales tuvo lugar en 1979 contra James Callaghan. Después de las elecciones británicas del día 8, no es descartable que se produzcan nuevas mociones en el corto plazo.

La moción de censura (también llamada “de no confianza”) es uno de los instrumentos de parlamentarismo racionalizado más específicos (y si se quiere, más llamativos o visuales) que tiene el Legislativo de un país para remover al Ejecutivo del poder, mostrándole así su clara desconfianza. En el caso español, la figura se encuentra regulada en el artículo 113 de nuestra Carta Magna, inspirada (en esta y otras muchas cuestiones) en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 (más concretamente, en su artículo 67º).

Lo cierto es que el instrumento nació (como tantos otros) con un fin loable: aumentar el control del Legislativo sobre el Ejecutivo. Aunque también es obligado admitir que ello no ha impedido que a lo largo de nuestra historia se haya acudido a esta figura más como arma política con la intención de hacer mella o desestabilizar a un Gobierno o su crédito que como arma para removerlo, sabedores quienes la presentaban de no contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante.

Si el lector se pregunta cuántas veces se han planteado mociones de censura en nuestro país, la respuesta es rápida, amén de corta: dos, tres contando con la última propuesta por el grupo parlamentario de Unidos Podemos.

Antonio Hernández Mancha y Alberto Ruiz Gallardón

La primera tuvo lugar en 1980 contra Adolfo Suárez, siendo Felipe González el candidato alternativo propuesto. La segunda fue presentada en 1987 por Antonio Hernández Mancha (Alianza Popular) contra Felipe González, utilizada más como un instrumento jurídico que permitía al primero debatir en la Cámara Baja con el Presidente del Gobierno (no lo pudo hacer en el debate sobre el estado de la nación pues era senador) que como verdadera arma de responsabilidad política. Y, al igual que previsiblemente sucederá con la presentada por Pablo Iglesias, todas fracasaron.

Al margen de los comentarios de ciencia política que pueden hacerse, tanto de la figura como del uso que los partidos vienen haciendo de la misma, resulta de interés introducirnos brevemente en el derecho comparado.

Como ya les contaba, en el caso alemán, la moción de censura se configura de forma constructiva, esto es, es preciso para su admisión a trámite que a la moción se acompañe la propuesta de un candidato alternativo, pudiendo afirmarse en el caso español que se trata prácticamente de un diálogo entre el aspirante y los grupos de la Cámara Baja, guardando silencio la norma sobre el papel del Presidente a quien se le interpone la moción.

Sin embargo, no hay que irse muy lejos para encontrar otro tipo de formulaciones jurídicas en torno a esta institución. Podemos dar con ellas mismamente en el ámbito continental europeo. La Constitución francesa de 1958 regula la moción de censura contra el primer ministro en su artículo 49, pero puede no ser constructiva, pues el texto constitucional francés no obliga a ello. Sin embargo, en cuanto a requisitos y mayorías, es muy semejante al caso español.

Siguiendo con los ejemplos, en Portugal ocurre al igual que en Francia, ya que el artículo 197 la Constitución portuguesa de 1976 nada dice tampoco de que la moción deba ser constructiva. Sin embargo, los plazos varían (en Portugal la moción no puede votarse hasta después de pasadas cuarenta y ocho horas desde su presentación; en España, hasta pasados cinco días).

El caso de Italia es paradigmático, ya que no sólo puede darse la moción de censura en la Cámara Baja (como sucedía en los casos antedichos) sino que también puede tener lugar en el Senado, tal y como recoge el artículo 94 de la Constitución italiana de 1947. Al no exigir ni que sea una moción constructiva ni contemplar mayorías cualificadas para su aprobación, se trata de uno de los regímenes jurídicos más laxos.

Felipe González 1

Hasta aquí estamos tratando las mociones de censura a nivel estatal, pero aquellos Estados configurados como territorialmente complejos, también se podría descender a los niveles inferiores (v gr. las Regiones italianas). En el caso de España, deberíamos hablar de las siguientes clases:
(i) Las mociones de censura que presenten los parlamentos autonómicos contra los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas (v. gr. en el caso de Euskadi, recogido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía y en el 171 del Reglamento del Parlamento Vasco);
(ii) Las mociones presentadas por los plenos de las entidades locales contra los alcaldes (artículo 22.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local);
(iii) En el caso de los territorios históricos vascos, las mociones de censura planteadas por las Juntas Generales de cada territorio contra la Diputación foral correspondiente (v. gr. en el caso vizcaíno, en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de las Juntas Generales de Bizkaia).
Además del plano interno de los Estados, también hay que hacer mención al de la UE, ya que en el seno del Parlamento Europeo también se puede presentar una moción de censura contra la Comisión Europea, tal y como recoge el artículo 234 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa.

Hechos los apuntes anteriores, que creía necesarios, y volviendo al nivel estatal, lo cierto es que se debate también la posibilidad de plantear mociones de censura no contra la totalidad del Gobierno, sino contra ministros individualmente considerados. A pesar de que este debate se puede replicar en todos los niveles territoriales a que antes hacíamos mención, es en la esfera estatal en la que más se ha centrado la doctrina (véase que v. gr. en el caso de la Unión, la moción supone la caída colectiva de toda la Comisión y del Alto Representante, siguiendo el principio latino aut simul stabunt aut simul cadent hasta su última expresión, por mandato del art. 234 TFUE).

Por tanto, centrando el foco en la esfera estatal, a este respecto hay que recoger cómo algunos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno sí contemplan, unos expresamente otros no sin dudas interpretativas, la posibilidad de que la moción se plantee únicamente frente a un miembro del Ejecutivo distinto al Presidente).

Así lo prevé, por ejemplo, el artículo 7 del capítulo sexto de la Ley fundamental del Gobierno de Suecia (la Constitución sueca de 1974 está formada por cuatro leyes fundamentales: la de Sucesión, la de Libertad de la prensa, la del Gobierno y la de la Libertad de expresión), permitiendo que la moción de censura sea interpuesta contra un ministro. De hecho, también se permite en Grecia, cuya Constitución de 1975 así lo dispone en su artículo 84. Del mismo modo, a pesar de que la Constitución italiana nada dice al respecto, y tras haber sido un tema muy discutido por la doctrina, se entiende que el artículo 95 del texto constitucional italiano sí permitiría la moción de censura individual contra un ministro.

Fíjese el lector, por mera curiosidad, en el caso argentino, que va más allá, puesto que el artículo 101 de su Constitución (de 1853, siendo la última reforma de 1994) permite a las Cámaras legislativas remover del cargo al jefe del gabinete de ministros, pero, eso sí, no es un ordenamiento comparable al nuestro, desde el momento en que en Argentina el Poder Ejecutivo recae en “un ciudadano” que será el Presidente de la Nación Argentina (art. 87 de su Constitución), mientras que en nuestro caso el Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobierno, que es un órgano colegiado (art. 98.1 CE).

El caso de España no es éste. A pesar de que el artículo 113 de nuestra Constitución hable de “Gobierno” (“el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura”), lo que podría llevar al equívoco de creer que se podría interponer la misma contra un ministro, los artículos 113.2 y 114.2 CE disipan tales dudas, al obligar a que el candidato alternativo lo sea exclusivamente a la “Presidencia del Gobierno” y al establecer que, ganada la confianza, el Rey “le nombrará Presidente del Gobierno”. No cabe, pues, moción de censura que no se dirija contra el Gobierno todo.

Eso sí, aviso a navegantes: es conveniente diferenciar la moción de censura de la figura del impeachment, propia del derecho anglosajón, que conlleva el “procesamiento” de un alto cargo o miembro del Ejecutivo por parte de alguna de las Cámaras del Legislativo (normalmente, la Alta). Mientras que la moción de censura no conlleva per se un “juicio” en sentido jurídico al destituido (la responsabilidad “política” se entiende consumada en su dimisión, al margen de la vía jurisdiccional para la depuración de cuantas otras responsabilidades se estimen concurrentes), el impeachment sí puede conllevarlo (tanto en sede parlamentaria como, posteriormente, en la jurisdiccional). Además, mientras la moción de censura trae de suyo la dimisión o remoción del cargo del destituido, el impeachment puede no aparejar esa consecuencia.

Nótese, ya por simple curiosidad, como los ordenamientos constitucionales de otros países atribuyen funciones cuasi jurisdiccionales al Legislativo (v. gr. en Chile, país en cuya Constitución de 1980 permite al Legislativo, en sus artículos 52 y 53, conocer de determinadas “acusaciones” realizadas contra el Presidente de la República o incluso contra ciertos magistrados).

En conclusión, a pesar de que pueda parecer un instrumento jurídico proclive a la inestabilidad política, no ha resultado tal en la historia de los países de nuestro entorno, debiéndose los cambios en el Ejecutivo más a los procesos electorales que a cualquier otro instrumento.

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Fuentes:

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